Ismael De La Cruz

Régimen jurídico del abandono y de la renuncia

Vamos a ver a continuación el régimen jurídico que presentan dos figuras que, aunque pueda parecer que son muy parecidas, tienen en cambio diferencias relevantes, como son el abandono y la renuncia.

El abandono es el acto material de dejación de la posesión de una cosa con intención de perder su dominio. Los requisitos de capacidad necesarios que ha de presentar el abandonante son la capacidad para disponer y el pleno poder de disposición sobre la cosa.

Veamos algunas cuestiones que establece el Código Civil al respecto del abandono:

• Si el objeto que se abandona es un bien mueble, podrá ser adquirido por ocupación. De esta manera, se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. Si la propiedad de la cosa mueble se pierde cuando queda abandonada surge la duda de quién tiene la obligación de satisfacer indemnizaciones por daños causados a terceros por la cosa después de haber sido abandonada, y sería el propietario abandonante.

• Si el objeto abandonado es un bien inmueble, se entiende adquirido por el Estado con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

• Los acreedores tienen posibilidad de impugnar el abandono que les resulte perjudicial a su derecho de crédito.

• Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio.

• El poseedor puede perder su posesión por abandono de la cosa.

También la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas hace referencia:

  •  Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
  • Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años.

La renuncia se diferencia del abandono es que es un acto formal, una declaración de voluntad solemne que pretende la abdicación de la titularidad de un derecho.

El Código Civil establece que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Esta norma hace referencia a dos fenómenos jurídicos inicialmente distintos: la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos reconocidos por esa ley. Se trata de dos figuras distintas que coinciden con las que habitualmente se denominan renuncia de ley y renuncia de derechos.

La renuncia de derechos reales es el acto jurídico unilateral por el que el titular de un derecho real limitado abdica del mismo, sin intención de transmitir.

La naturaleza jurídica del acto de renuncia es la de un acto de autonomía privada, pues es un negocio jurídico dispositivo, unilateral, no receptivo, normalmente no necesitado de la voluntad de la persona beneficiada por la renuncia y que pretende la extinción del derecho renunciado. Sólo puede hablarse de renuncia en sentido estricto cuando se abdique del derecho real sin consideración al propietario, pues de lo contrario se trataría de una donación.

El Tribunal Supremo, en la Sentencias de 30 de octubre de 2001 y 25 de noviembre de 2002, establece que no es admisible la renuncia tácita y que ésta no se presume, pues ha de ser clara, terminante e inequívoca y resultar de manifestaciones expresas hechas a tal fin.

El acto de renuncia, en principio, carece de eficacia, y puede llegar a ser válido siempre que no tropiece con los límites establecidos en el propio precepto: interés público, orden público y perjuicio de terceros, que actúan como fronteras que condicionan la validez de los actos de renuncia.

 

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