Ismael De La Cruz

Limitación del pago en efectivo baja de 2.500 a 1.000 euros

derecho

En agosto escribí un artículo en que les comentaba que existe un límite legal que está estipulado en 2.500 euros para pagar en metálico y que si se supera implica graves sanciones económicas tanto para el comprador como para el vendedor, independientemente de que exista una factura oficial y legal de por medio.

Así pues, no se podían realizar operaciones cuya cuantía económica fuese  de 2.500 euros o superior. Eso sí, siempre y cuando una de las partes sea empresario o profesional. Si no existe este requisito, es decir, si la operación es entre particulares no hay ningún problema ni tampoco límite legal al respecto.

Y es que todo este tema está perfectamente regulado en una ley que entró en vigor en el año 2012, ley que persigue que cualquier operación o transacción de bienes y servicios a partir de una determinada cantidad económica no sean opacas y se logre luchar contra el dinero negro. Y no sólo se refiere a compras, sino también a los alquileres, pagos de nóminas, etc.

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Pues bien, el Gobierno ha preparado un decreto ley que incluye la limitación del pago en efectivo a los 1.000 euros, en vez de los 2.500 euros actuales, con el fin de frenar el fraude al IVA y la economía sumergida.

Hasta la fecha, muchas personas digamos que se saltaban la normativa fraccionando los pagos en varios inferiores de los 2.500 euros, algo no tan sencillo, ya que la ley estipula claramente que para determinar la cuantía de una transacción se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Y claro, las sanciones se consideran graves con multas del 25% de la cuantía desembolsada en metálico.

También se aprobará el suministro inmediato de información del IVA. Se trata de un nuevo sistema de gestión del IVA para empresas y profesionales, basado en información en tiempo real y que agiliza las devoluciones, proporcionando al contribuyente los datos fiscales para su declaración y mejorando el control tributario.

Pero este nuevo sistema sólo será obligatorio para las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, para el resto será voluntario.

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