Ismael De La Cruz

La incapacidad jurídica, la figura del menor de edad y el menor emancipado

La incapacidad jurídica

La incapacidad jurídica

 

Vamos a ver diversos tipos de incapacidad y su consideración jurídica, concretamente la edad, la figura del menor de edad  y la del menor emancipado.

La edad y la incapacitación

Las causas de la modificación de la capacidad de obrar pueden tener su fundamento en la propia naturaleza (por edad, por enfermedad) o bien por la Ley (prodigalidad).

Hay que recordar que la emancipación voluntaria produce efectos análogos a la mayoría de edad para quien aún no la ha alcanzado.

Existen una serie de edades que al alcanzarse hacen surgir una serie de derechos o la asunción de una serie de obligaciones:

* A las 24 horas se considera legalmente el nacimiento.

* Si los hijos no emancipados tienen suficiente juicio deberán ser oídos siempre por los padres antes de adoptar decisiones que les afecten.

* A los 14 años se tiene la facultad de testar (salvo el testamento ológrafo), se podrá obtener dispensa de edad para contraer matrimonio, se puede optar por la nacionalidad española u obtenerla por concesión o carta de naturaleza.

* A los 16 años puede el menor ser emancipado, nace la responsabilidad penal.

* A los 25 años se puede ser adoptante.

* A los 75 años queda reducido a 5 años el plazo para la declaración de fallecimiento.

Así pues, estas normas van encaminadas a capacitar para la realización de actos específicos y concretos, aunque la clave es la mayoría de edad (que es a los 18 años) la cual otorga a su titular la plenitud de facultades y le hace apto para ejercitar derechos y asumir deberes (salvo casos muy concretos en los que es necesaria una edad aún mayor).

Sabemos que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿cómo se computa? Pues el Código Civil habla de años cumplidos, y se mide por el paso de los días completos, siendo éstos indivisibles.

La figura del menor de edad

La regla es que los menores de edad no emancipados no pueden prestar consentimiento. La duda sería si carecen de capacidad de obrar o por el contrario son protegidos por el Derecho. Tanto el Derecho romano como el Derecho histórico se decantan por esto último y así lo reconoce nuestro Derecho vigente, el cual admite que el menor no emancipado no está afectado por una incapacidad absoluta de obrar, sino que es limitada, es más, la ley establece a su favor algunas facultades concretas:

a) En el ámbito personal: el contrato de trabajo exige su consentimiento, también el matrimonio (con 14 años mediante dispensa), así como la emancipación, la adopción (más de 12 años) y lo comentado anteriormente de que si tiene suficiente juicio deberá ser oídos siempre por los padres antes de adoptar decisiones que le afecte.

b) En el ámbito patrimonial: puede adquirir mediante su trabajo o por cualquier otro título lucrativo, puede adquirir la posesión de las cosas, aceptar donaciones que no sean condicionales u onerosas, adquirir derechos reales o de crédito, a partir de los 16 años puede realizar por sí solo actos de administración ordinaria de los bienes que haya adquirido mediante su trabajo. Y no olvidemos que los menores responderán con sus bienes de los daños causados por actos culposos siempre y cuando las personas encargadas de su guarda acrediten que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

El menor emancipado

Es una situación intermedia entre la minoría y la mayoría de edad, un nuevo estado civil para el menor que no es otro sino la emancipación. Supone tener una capacidad más limitada respecto a la mayoría de edad.

La emancipación tiene lugar:

* Por la mayoría de edad.

* Por el matrimonio del menor.

* Por la concesión de los que ejercen la patria potestad.

* Por concesión judicial.

El emancipado adquiere la plena capacidad jurídica y habilita al menor para regir su persona y sus bienes como si fuera mayor, incluso comparecer en juicio por sí solo, pero hasta que alcance la mayoría de edad no podrá tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus padres (a falta de ambos, el tutor), salvo que el menor emancipado esté casado y estemos hablando de algo común, de los dos, y su cónyuge sea mayor de edad y dé el consentimiento, porque si ambos son menores se necesitará el de los padres o tutores de uno u otro.

La falta de consentimiento determina la anulabilidad del acto realizado, teniendo en consideración además que el consentimiento ha de prestarse a la celebración del negocio, ya que el posterior no es válido.

La emancipación del hijo mayor de 16 años puede ser concedida por quienes ejerzan la patria potestad (consentimiento de ambos progenitores), por escritura pública o por comparecencia ante el juez encargado del Registro, concesión que habrá de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo mientras efectos contra terceros. No olvidemos que la emancipación es un acto irrevocable y exige para su eficacia el consentimiento del menor (cuando es por concesión de los progenitores o tutores, ya que si es por matrimonio se produce la emancipación de manera automática).

Si la emancipación es por concesión judicial a petición del mayor de 16 años, se requiere previamente la audiencia de los padres o tutores y podrá obtenerse en 3 casos:

a) Cuando quien ejerce la patria potestad contrae nupcias (matrimonio) o convive maritalmente con persona distinta del otro progenitor.

b) Cuando los padres vivan separados judicialmente o de hecho.

c) Cuando haya cualquier causa que dificulte gravemente el ejercicio de la patria potestad.

En estos casos, el juez concede audiencia a los padres y atiende al interés del menor.

Un último inciso, existe la emancipación de hecho, según la cual se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de sus padres (que podrá ser revocado) viviere independientemente de éstos.

La incapacitación es un acto judicial que modifica el estado civil de una persona, sometiéndola a una especial tutela graduable y que exige un procedimiento previo. Sus efectos son constitutivos de la incapacidad jurídica y de la tutela. Para que proceda, es necesaria la prueba de incapacidad de hecho. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la personas gobernarse por sí misma.

Foto cortesía de Free Photo Bank